Homenaje de Forges a la mujer trabajadora

Mañana es el día mundial de la mujer trabajadora. He escogido algunos chistes de Forges, publicados en años anteriores. Es un modo de expresar con mucha chispa, temas muy serios.

La ideología de género se introduce en la legislación española

La ideología de género se ha introducido fuertemente en el ordenamiento jurídico español en los últimos cuatro años, más que en otros países occidentales. Es la tesis de María Lacalle Noriega, profesora de Derecho Civil de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), expuesta durante la Jornada sobre Ideología de Género organizada el pasado 16 de febrero por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. La agencia Zenit resume su intervención.

Fecha: 3 Marzo 2008

Leyes como la del “matrimonio homosexual”, la ley contra la violencia de género, e incluso regulaciones que han tenido menos repercusión como la del “cambio de sexo” en el Registro Civil, suponen una implantación formal de esta ideología en España, que previsiblemente se reforzaría con una introducción de los “derechos reproductivos” si se modificara la ley del aborto.

Según esta investigadora, la ideología de género ha logrado imponerse en España en tres ámbitos legislativos clave: la identidad personal, la familia y la educación.

La ideología del género “parte del convencimiento de que la mujer ha sido explotada por el hombre a lo largo de la historia mediante la imposición de roles y estereotipos sociales totalmente injustos y arbitrarios que la han mantenido apartada de la vida pública, privada de derechos y recluida en el ámbito familiar”, afirma.

La “deconstrucción” de la identidad personal

Según María Lacalle, la ideología de género “pretende instaurar una sociedad en la que todos los individuos sean iguales, una sociedad sin diferencias entre los sexos en la que cada uno, independientemente de las características biológicas con las que nazca, escoja su propia identidad de género y su propia orientación sexual”.

La investigadora cree que esta ideología está detrás de varias de las leyes aprobadas en los últimos años, como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el apartado en el que regula el cambio de sexo en el Registro Civil cuando “no se corresponda con su identidad de género”.

“Esta ley banaliza de una manera alarmante la cuestión de la identidad sexual. En primer lugar, no requiere un estudio psiquiátrico en profundidad, sino que permite que se cambie la inscripción registral con un simple informe psicológico; no exige cirugía de reasignación sexual, y tampoco establece como estrictamente obligatorio el haber seguido un tratamiento médico para acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”.

Para Lacalle, esta ley muestra “una concepción del ser humano según la cual la identidad sexual es una variable subjetiva de cada persona. Es como si cada uno pudiera ‘inventarse’ a sí mismo: la naturaleza no cuenta, cada uno hace lo que quiere porque la libertad se concibe como una fuerza omnipotente y autocreadora. El deseo de cada uno se convierte en motivo suficiente para pretender alterar la realidad”.

El tabú de la maternidad

La maternidad, como realidad fisiológica exclusiva de la mujer, es una de las cuestiones más atacadas por las feministas de género: los nuevos derechos reproductivos y sexuales “tienen por objeto que la mujer controle por completo la fertilidad, y que tienen como núcleo central el acceso al aborto sin restricciones de ningún tipo, como algo imprescindible para que la mujer pueda ser auténticamente libre”, afirman.

Como detalle que expresa esta concepción, María Lacalle explica que los términos “maternidad” y “procreación” están siendo sustituidos en los textos internacionales por “trabajo reproductivo”. “Este término fue acuñado por Carolyn Hannan, que fue directora de la División para el Avance de la Mujer de la ONU, y desde entonces se utiliza profusamente. Es un término que indica claramente la concepción que tienen de la maternidad. La consideran como una maldición, una carga pesada que la sociedad ha impuesto a la mujer para someterla y recluirla en el ámbito privado, para que no pueda prosperar profesionalmente. Todo lo que sirva para liberar a la mujer de este trabajo reproductivo debe ser promocionado social y jurídicamente”, añade.

Esta concepción explica el renovado interés por la modificación de la ley del aborto, reclamada desde las organizaciones feministas cercanas al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de manera especial en los últimos meses.

La “guerra de los géneros”

Otra de las leyes en las que el feminismo radical ha logrado imponerse es la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. En ella, la relación entre el hombre y la mujer se define como “necesariamente conflictiva”. De hecho, en el preámbulo se afirma que “la violencia se dirige contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que es consecuencia de la desigualdad histórica de la mujer en la sociedad”.

“La concepción de las relaciones entre el hombre y la mujer en términos de lucha, de rivalidad, de antagonismo, provoca un desquiciamiento de la propia identidad tanto de la mujer como del hombre”, afirma Lacalle. Además, esta ideologización no lleva realmente a la solución del problema, pues no se tienen en cuenta otras causas directamente relacionadas con el aumento de la violencia, como la drogadicción o las rupturas familiares.

Para la investigadora, se están manipulando los datos: “desde los años noventa han ido aumentando las muertes de mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, pero también las muertes de hombres a manos de sus parejas y ex parejas, los suicidios de unos y otros, la muerte de niños, la violencia de los adolescentes contra sus padres y las agresiones a las personas de mayor edad dentro del ámbito doméstico. Por no mencionar la violencia en parejas de lesbianas, que es mucho más elevada que la que se produce en parejas heterosexuales. Pero todos estos datos no se difunden a través de los medios de comunicación, y si no se difunden, no existen”.

¿El fin de la familia?

Según Lacalle, uno de los objetivos del feminismo de género es acabar con la familia, a la que considera “la principal fuente de opresión de la mujer”: “Estamos asistiendo a una transformación radical del Derecho de Familia, que ya no la protege, sino que la crea, la inventa. Es la ley, sin ninguna consideración a la realidad natural, la que decide qué es el matrimonio, qué es la familia y qué es la paternidad”.

Esta ideología subyace en las leyes 13/2005 (por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio para dar cabida a las uniones homosexuales), 15/2005 (por la que se regula el divorcio unilateral y sin causa), y 14/2006 (sobre técnicas de reproducción humana asistida), así como en la supresión del apartado 3 del artículo 154 del Código Civil, que reconocía la facultad de los padres de corregir moderada y razonablemente a los hijos, y la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Para la profesora Lacalle, las últimas reformas de Derecho de Familia “han suprimido el matrimonio. El matrimonio, en cuanto unión de un hombre y una mujer abierta a la vida y con vocación de permanencia, ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico”. Con la ley 13/2005, “se contempla el matrimonio como un invento social que va cambiando y adaptándose a las circunstancias históricas”.

“Parece claro que el inusitado interés en aprobar esta ley no se debía simplemente al deseo de dar entrada al pequeño número de homosexuales que quiere contraer matrimonio –desde la entrada en vigor de la ley hace dos años y medio, unos 4.500– sino de obtener el reconocimiento social para la homosexualidad y redefinir radicalmente el matrimonio, privándole de sus elementos esenciales”, añade.

Por otro lado, la ley del “divorcio exprés” “encaja perfectamente en la ideología de género, pues si cada uno se construye y se inventa a sí mismo, y puede construir su relación como quiera, también se le debe reconocer la capacidad de destruirla a capricho”.

“El concepto de matrimonio que se maneja en esta ley se basa en el mero afecto, prescindiendo de cualquier función social, y se pone todo el énfasis en la satisfacción emocional, psicológica y sexual que proporciona a sus participantes. La ley se fija en el deseo y en la libertad individual. Si uno de los cónyuges desea romper su matrimonio, su deseo ha de hacerse realidad sin más consideraciones. No hay que tener en cuenta al otro cónyuge, ni tampoco hay que pensar en el daño, a veces irreparable, que se produce en los hijos. Sólo el deseo es importante”, añade.

Padres sin hijos, hijos sin padre

Otra de las claves del desarrollo legislativo en cuanto a identidad personal se refiere, es la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, en la cual se redefine la paternidad y la maternidad como un “derecho” que la sociedad debe satisfacer.

Lacalle explica que la ley reconoce el derecho de acudir a estas técnicas a toda mujer mayor de edad independientemente de su estado civil y orientación sexual. Si es una mujer casada con un hombre, la ley “presume” que el padre es el marido de la mujer; si es una mujer casada con otra mujer, la ley las considera a ambas “progenitoras”; y si es una mujer sola, el niño legalmente no tiene padre, porque según la ley el donante no es un padre sino “el lugar” donde se ha producido el material genético. “No es que su padre no lo quiera reconocer: es que, legalmente, no tiene padre, y no se le permite buscarlo, ni conocerlo, ni relacionarse con él en manera alguna”. Por la misma razón, al ser la paternidad y la maternidad un rol social y nada más, se defiende la adopción por parte de homosexuales.

Además, la legislación se entromete también en el derecho de los padres a educar a sus hijos. Para Lacalle, “es una intromisión bastante sorprendente, teniendo en cuenta las circunstancias, pues parece que el panorama generalizado no es precisamente de autoritarismo de los padres hacia los hijos, sino todo lo contrario. La mayor parte de los padres han tirado la toalla, han abdicado de su autoridad y consienten todo a sus hijos. Y sin embargo, parece que existe un interés en minimizar la autoridad de los padres, en lugar de en reforzarla”.

Lacalle recuerda que en la Ley Orgánica de Educación “no se menciona para nada la autoridad de los padres. Esto ya fue denunciado por el Consejo de Estado en su informe, que recomendó al Gobierno que incluyera algún párrafo que hiciera hincapié en la autoridad de padres y profesores, pero el Gobierno hizo caso omiso”.

Por otro lado, el rebajamiento de la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales ha provocado que muchos padres no sepan nada –ni tengan derecho a ello– de la vida de sus hijos. “Según la legislación vigente, a los trece años se puede consentir en mantener relaciones sexuales, sea con personas del mismo o de distinto sexo, incluso con un adulto. Las propias administraciones fomentan la precocidad de los adolescentes en materia sexual, como queda demostrado en los folletos de sexo infantil que se reparten en los centros escolares de algunas comunidades autónomas”.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 “está impregnada de ideología de género, lo cual queda claro desde el mismo Preámbulo, donde se dice que son fines de la educación, entre otros, el desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas”.

“En la asignatura Educación para la Ciudadanía esta ideología está presente en todas las etapas, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria. Se rechaza cualquier diferenciación entre varón y mujer, llegando a identificar diferencia con discriminación; se insiste machaconamente en la diversidad afectivo-emocional, en la posibilidad de elegir la propia identidad y orientación sexual”, añade.

María Lacalle afirma que el ataque a la familia “es una constante de todas las ideologías totalitarias que han pretendido un control de la persona. En todo este proceso de ingeniería social o deconstrucción de la sociedad, la familia es un obstáculo. Minar la autoridad de los padres es necesario para manipular libremente a los niños y configurar sus conciencias y su visión del mundo y de las cosas”.

Trabajo y salud.

Trabajar más de 40 horas semanales perjudica más a las mujeres
(ABC/ EFE, 2008-02-29)


Trabajar más de cuarenta horas semanales es perjudicial para la salud, especialmente la de las mujeres, según un estudio que ha elaborado la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

El estudio, que lleva por título "Perspectiva de género en el análisis de la relación entre largas jornadas laborales, salud y percepción del propio estado de salud", lo han redactado Lucía Artazcoz, Imma Cortés, Carme Borrell, Vicenta Escribà-Agüir y Lorena Cascant y lo acaba de publicar el "Scandinavian Journal of Work, Environment & Health", que es una publicación científica bimensual que se edita en Helsinki.

Para elaborarlo, se entrevistó a 2.792 personas, todos trabajadores legales, de ellos un 51% hombres y, el resto, mujeres, durante un año, con cualquier tipo de perfil laboral.

En el estudio se asegura que las largas jornadas laborales afectan diferente a los hombres y a las mujeres, ya que "mientras a los hombres sólo supone dormir un número determinado de horas insuficiente, para las mujeres supone dormir poco, insatisfacción laboral, síntomas de ansiedad y depresión, mayor probabilidad de fumar, hipertensión y no hacer ejercicio en el tiempo libre".

No obstante, aunque para las mujeres superar la jornada de cuarenta horas contrae cargas más negativas para la salud que para los hombres, el estudio señala que no hay "diferencias de género en el estado de salud".

De la población estudiada, son los hombres los que hacen jornadas laborales más largas (30,4% de los hombres frente el 17,1% de las mujeres), sin embargo, son las mujeres las que dedican más tiempo al hogar, que asciende a más de 20 horas semanales (34,4% de la mujer frente el 9,2% del hombre).

Aun así, el estudio apunta que las graves consecuencias que tienen para la mujer las largas jornadas laborales no "se explican completamente con el hecho de tener que asumir tareas domésticas".

Según el estudio, también hay diferencias, según el nivel socio- económico de cada individuo: por ejemplo, mientras que las mujeres de clase más desfavorecidas son las que tienden a trabajar más horas, en cambio, en el hombre es al revés, es decir, los que trabajan más de cuarenta horas semanales son los que tienen un buen nivel socio-económico.

Otro dato destacable es que las mujeres separadas o divorciadas hacen largas jornadas laborales en mayor proporción que los hombres (5,8% frente al 2,2% de los hombres).

De cara a describir la implicación del trabajo en la salud, el estudio destaca que se tiene que tener en cuenta "la posible larga exposición a unas malas condiciones laborales, así como la vulnerabilidad determinada por las necesidades económicas, que sería más frecuentes entre las ocupaciones menos cualificadas".

En este sentido, dentro del estudio se enfatiza una "necesaria aproximación del género de repercusiones en la salud de las largas jornadas laborales", y lo enfoca en algunos colectivos especialmente sensibles a raíz de los datos obtenidos: los trabajadores de hostelería y restauración, los empleados de tiendas y comercios y las mujeres que hacen tareas en industrias y pequeñas empresas.

MANIFIESTO:MUJERES ANTE EL ABORTO

Si en algo nos hemos pronunciado en este blog es, entre otras cosas, en resaltar el valor de la vida en el seno materno. Me ha llegado la noticia de un grupo de mujeres que han escrito un manifiesto declarando lo que piensan sobre el aborto. Cuelgo aqui el manifiesto. Para las personas interesadas en firmarlo trasncribo el enlace en el que podéis hacerlo: http://mujeresanteelaborto.blogspot.com/

Para adherirte, escribe a mujeresanteelaborto@gmail.com o llama al teléfono 627 254 934


MUJERES ANTE EL ABORTO


Las abajo firmantes, mujeres comprometidas con la sociedad española y la Constitución, queremos hacer llegar a la opinión pública y a los responsables políticos nuestra indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país. Y a tal efecto


MANIFESTAMOS:


1.- El artículo 15 de la Constitución Española, primero de los que regulan los derechos fundamentales, dice expresamente: “Todos tienen derecho a la vida”. La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985 dejó bien claro que el aborto sigue siendo un ilícito penal, no punible en tres supuestos muy concretos, y que el Estado tiene el deber de garantizar que ni un solo aborto sea realizado fuera de esos límites. Así se recuerda en el primer párrafo del Real Decreto 2409/1986, de 21 de Noviembre, que regula la práctica del aborto.


No cabe por tanto hablar, en nuestro Ordenamiento Jurídico, de un derecho al aborto y menos aún de un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pues en el aborto se está disponiendo del cuerpo de un ser humano distinto de su madre y que, desde su concepción, ha recibido de sus progenitores toda la dotación genética necesaria para definir su personalidad individual y su pleno desarrollo.


2.- La práctica del aborto en España se lleva a cabo, en la inmensa mayoría de los casos, en fraude de ley, vulnerando los límites previstos por el legislador. Se apela en un 97 % de los casos al “grave peligro para la salud psíquica de la madre”, cuya acreditación no deja de ser un mero trámite formal y muchas veces absolutamente irregular (certificados estandarizados o firmados en blanco y también sin que el especialista entreviste a la mujer).

3.- A pesar de que el artículo 9 del Real Decreto 2409/1986, de 21 de Noviembre, que regula la práctica del aborto, establece que “los profesionales sanitarios habrán de informar a las solicitantes sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo” y “de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que puedan ayudarle”, tampoco se cumple adecuadamente (cuando no se incumple radicalmente) esta exigencia del legislador. Exigencia absolutamente razonable para una mujer que, sin tiempo para reflexionar en muchos casos, va a tener que adoptar una decisión de consecuencias irreversibles a las que tendrá que hacer frente el resto de su vida. Por esta razón es imprescindible que se garantice que las decisión de la mujer se realice tras conocer todos los riesgos (incluyendo el síndrome post-aborto) y también las alternativas de apoyo para continuar con la gestación. Naturalmente esta información no puede darse con imparcialidad y objetividad en una clínica privada, pues ello atentaría gravemente a sus intereses económicos dentro de un negocio muy rentable y en plena expansión.

4.- La percepción errónea del aborto como un derecho garantizado por los poderes públicos (y no como un ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y la falta de información sobre riesgos y alternativas, hace que el número de abortos crezca año tras año, afectando especialmente a quienes por haber llegado recientemente a España desconocen la regulación legal y las alternativas de apoyo social al aborto. Así se ha llegado a esa cifra espantosa de un millón de abortos desde la modificación legal de 1985. En la Comunidad de Madrid, uno de cada cinco embarazos termina en aborto y esta proporción es casi del 50 % en las menores de 20 años.

5.- También ha contribuido a esta situación el oscurantismo social y mediático sobre las consecuencias del aborto en muchas mujeres, que éstas han tenido que afrontar en solitario, y sobre los procedimientos traumáticos para llevar a cabo el aborto en embarazos avanzados, causantes de gran sufrimiento fetal y que han escandalizado, junto con el fraude de ley, a responsables políticos y medios de comunicación en el Reino Unido y en Dinamarca. Nuestro país se ha convertido en destino de muchas mujeres que, con embarazos que superan los límites legales para el aborto en sus países de residencia, se acogen a nuestro fraude de ley para llevarlo a cabo.

6.- Aprovechar los horrores descubiertos en las clínicas abortistas de Barcelona y Madrid, mera punta del iceberg del inmenso fraude de ley que se está cometiendo en España, para reclamar una ley de plazos, supone pensar que el derecho a la vida y los demás derechos humanos no existen en los primeros meses de la vida de un ser humano, lo que va en contra de toda la evidencia científica sobre el desarrollo del cigoto y del embrión y en contra de lo exigido por la Constitución Española según ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional.

Ante esta situación dramática, que cada año se traduce en la pérdida de más de 100.000 vidas humanas,


PROPONEMOS:


A) Apoyo a las mujeres embarazadas para llevar adelante su gestación, a través de ayudas económicas, cuando fuesen necesarias, y de una red de apoyo en cada Comunidad Autónoma, en la que participen entidades de la Sociedad Civil para prestar una asistencia integral que dé respuesta a las necesidades sanitarias, sociales, residenciales, de atención a la primera infancia y de formación para el empleo, entre otras.

B) Para enfrentarse al fraude de ley masivo en la práctica del aborto :

Modificar el artículo 417 bis del Código Penal para que el “grave peligro para la salud psíquica” (teórica justificación del 97% de los casos) no pueda alegarse en cualquier momento del embarazo.
Establecimiento con carácter obligatorio y para todo tipo de centros sanitarios de Comisiones de Evaluación, como las creadas en 1985 y suprimidas en 1986, formadas por profesionales sanitarios y sociales y que garanticen que cada caso se ajuste a lo establecido en la Ley y en la Sentencia del Tribunal Constitucional. En las clínicas privadas estas comisiones deberán ser externas para evitar ser juez y parte.
Obligación de informar a la embarazada, mediante un documento de consentimiento informado, de todos los riesgos sanitarios, psicológicos y sociales de la práctica del aborto, así como de las alternativas de apoyo social para llevar adelante la gestación.
El dictamen que acredite el grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada deberá justificar y acreditar dicha gravedad y, en el caso de clínicas privadas, no podrá ser emitido por facultativos que tengan con el centro una relación laboral, mercantil o de prestación para aquel de servicios profesionales
Inspecciones exhaustivas y periódicas de las clínicas donde se realizan abortos, para evitar el fraude de ley y la práctica de abortos en gestaciones muy avanzadas, con unos meses de embarazo con los que los nacidos prematuramente son viables.
En Polonia existe desde 1997 una legislación sobre el aborto muy similar a la española, pero en la que no se castiga la conducta de la mujer. Sin embargo, la normativa de desarrollo de dicha ley no favorece el fraude de ley, como ocurre aquí, y además, la ley polaca garantiza a las embarazadas sin recursos apoyo económico durante la gestación y después del parto. De esta forma se ha pasado en Polonia de 180.000 abortos anuales antes de 1990 a 159 en 2002, frente a los más de 100.000 de la España actual.

Las abajo firmantes somos conscientes que es posible, y además probable, que el análisis del problema que se ha presentado en este manifiesto sea considerado por algunos como propio de un enfoque integrista y conservador. Frente a esta posible interpretación queremos terminar este manifiesto afirmando que:

NO HAY NADA MAS PROGRESISTA QUE DEFENDER A LOS MÁS INDEFENSOS.

LO MAS 'CONSERVADOR' ES HACER POLÍTICA O NEGOCIOS CON LA VIDA DE LOS MÁS DÉBILES. ASÍ OCURRIÓ MUCHAS VECES EN LA HISTORIA.

LA COMPLICIDAD Y EL SILENCIO DE MUCHOS FACILITARON LOS HORRORES DE LOS TOTALITARISMOS DEL SIGLO XX: GENOCIDIO, EUTANASIA DE DISCAPACITADOS, EUGENESIA…

HOY CONSIDERAMOS ABERRANTES CONDUCTAS QUE DURANTE MUCHOS AÑOS FUERON SOCIALMENTE ADMITIDAS: LA ESCLAVITUD, EL TRABAJO DE LOS NIÑOS, LA POSTERGACIÓN LABORAL DE LA MUJER, LA GUERRA PARA ADQUIRIR MAS TERRITORIOS…

EL ABORTO, TAL COMO LO CONOCE NUESTRA SOCIEDAD, ES LA FALSA SOLUCIÓN DEL SIGLO XX A LOS PROBLEMAS REALES DE LA MUJER. EL SIGLO XXI EXIGE SOLUCIONES SOLIDARIAS Y RESPETUOSAS CON LA VIDA.

Violencia de género.

Tras las noticias alarmantes de anteayer (4 mujeres asesinadas por sus compañeros), a las que se sumaron dos agresiones ayer mismo, he encontrado en Aceprensa un estudio estadístico.

La violencia contra mujeres es más frecuente en parejas no casadas

Las estadísticas españolas muestran una diferencia de 13 a 1 con respecto a los matrimonios
Firmado por Rafael Serrano
Fecha: 10 Enero 2007

En España, un número desproporcionado de malos tratos a mujeres son obra de los compañeros o ex compañeros, según los últimos datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial. Esto concuerda con investigaciones en otros países, donde también se ha comprobado que la violencia contra la mujer es más frecuente en uniones de hecho que en matrimonios (ver Aceprensa 101/02).

Una estadística dada a conocer por el Observatorio a finales de diciembre pasado se refiere a los casos de maltrato a mujeres llegados a los tribunales durante el segundo trimestre de 2006. La distribución de los agresores por el tipo de relación con la víctima se hace con respecto al total de órdenes de protección incoadas en el periodo. Una orden de protección es una medida cautelar que puede tomar el juez, por ejemplo para prohibir al denunciado por malos tratos que se acerque a la víctima. Los jueces conceden la mayoría de las órdenes que se incoan.

Resulta, pues, que en el periodo considerado, el 35,6% de las órdenes de protección se dictaron contra el marido; el 30,2%, contra el compañero; el 21,8%, contra el ex compañero, y el 12,4%, contra el ex marido. Los porcentajes son semejantes a los registrados en periodos anteriores.

Como en España el 94% de las parejas están casadas, según el censo de 2001 (ver Aceprensa 105/04), es significativo que entre los denunciados por malos tratos, los compañeros estén a tan poca distancia de los maridos. Si la violencia contra la mujer (también llamada "de género") fuera tan frecuente en los matrimonios como en las parejas de hecho, entre los agresores tendría que haber una proporción de maridos 15 veces mayor que la de compañeros. En cambio, la frecuencia de malos tratos es unas 13 veces mayor en las parejas de hecho que en los matrimonios.

Llama la atención, por otra parte, la elevada proporción de ex compañeros: más de dos tercios de la correspondiente a la de compañeros. En cambio, la de cónyuges casi triplica la de ex maridos. Esto puede indicar que la ruptura de una pareja de hecho es más conflictiva, contra lo que podría parecer. Cualquiera que sea la razón, el hecho es que la mayoría de los casos (52%) corresponde a parejas de hecho, vivas o rotas.

Casos de homicidio
Otra estadística que el Observatorio publicó a finales del mes pasado muestra resultados semejantes. Se trata de los datos sobre homicidios en casos de violencia de género y también doméstica: incluidos, por tanto, aquellos en que la víctima era varón.

En 2005, año de los datos más recientes, murieron a manos de sus parejas o ex parejas 59 personas, 52 de ellas mujeres; en la mayoría de los casos, la relación entre víctima y agresor era o había sido de hecho. Los cónyuges (la estadística no distingue los sexos en cada categoría) cometieron 21 de los 59 homicidios, y las parejas de hecho sólo tres menos. Entre los "ex" predominan los de hecho, con 8 homicidios frente a 2 de ex cónyuges. Los 10 casos restantes corresponden a noviazgos vigentes (7) o rotos (3).

A principios del nuevo año, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer publicó que en 2006 murieron en España 68 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. El recuento dio pie a que se comentara con preocupación el considerable aumento con respecto a 2005. Pero sería más exacto decir que en 2005 hubo un notable descenso, ya que en 2004 se registraron 69 muertes, y 65 en 2003, según el Observatorio. En realidad, tales oscilaciones de unos números por debajo del centenar probablemente no responden a ninguna tendencia general, pues suponen unas variaciones insignificantes de la tasa de homicidios en relación con el total de mujeres.

El Observatorio también ha publicado la estadística de casos judiciales sobre violencia doméstica durante el primer año de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género (julio 2005-junio 2006). Esta ley, que aumentó las penas y creó juzgados especiales para recibir las denuncias, ha tenido por efecto un notable aumento de las condenas. Antes eran absueltos dos de cada tres procesados por violencia doméstica; ahora se condena al 72%.

En resumen, en el primer año de aplicación de la nueva ley, llegaron a los juzgados 146.780 casos, de los que se desestimaron 25.220, el 17,2%. De los admitidos, a finales de junio pasado 64.660 seguían en fase de instrucción, 16.108 estaban instruidos y pendientes de juicio, y 40.792 se habían concluido. De estos, 29.356 (el 71,9%) terminaron en condena del acusado.

Rafael Serrano

Noticia de libro sobre el aborto.

El genocidio censurado
Il genocidio censurato
Ediciones Cristiandad. Madrid (2007). 203 págs. 17,50 €. Traducción: Lázaro Sanz.

Firmado por Josemaría Carabante (Aceprensa)
Fecha: 27 Febrero 2008

En algunos países, como en España –a raíz del escándalo de las clínicas abortistas– o en Italia, el aborto ha vuelto a la primera línea de la discusión pública y se han desempolvado datos que han causado alarma social. Como sostiene Antonio Socci, conocido periodista italiano, gracias al silencio impuesto por lo políticamente correcto y por determinadas ideologías, las sociedades de finales del siglo XX y principios del XXI han ido consumando, casi por la inercia de una legislación permisiva, un genocidio censurado. Su alcance no puede medirse estadísticamente: son incontables las víctimas de las que se tiene constancia, pero la clandestinidad de algunos abortos impide hacer un cuadro del todo fiable.


Con datos, documentos e interesantes testimonios, Socci ha conseguido dibujar un panorama de la situación italiana y europea, sin descuidar la política de la China comunista con la imposición del hijo único o las tendencias en el seno de la ONU. Se trata de un libro de denuncia, pero también de una decidida defensa de la vida. La visión, en cualquier caso, es esperanzadora: como muestra el autor, son cada vez más numerosas las iniciativas pro vida y crece el respaldo social con el que cuentan.

La conciencia y la ley en Los últimos días de Sophie Scholl

En la excelente película, de 2005, Sophie Scholl - Die letzten Tage

A mi modo de ver, el mejor diálogo de la película.

Vean como Sophie habla de los judíos, de los niños "enfermenos mentales" que Mohr dice que son "vida no digna" y acaba gritándole que Dios no existe. Esto es 100% lo que fue el nacional socialismo.

Claro, si Dios no existe, tampoco hay nada más que la ley estatal... obvio. De dignidad humana, de igualdad -Sophie también lo menciona- nada.