Del hilo de Ginemedex al ovillo del aborto: las claves de un gran entramado
El doctor Morín no es, como dice el ministro Bernat Soria, un caso aislado. Es un fruto del sistema, muy bien relacionado. Veamos las claves.
El caso del doctor Morín y Ginemedex no es un caso aislado, un suceso truculento particular de máquinas trituradoras y embarazadas inglesas, periodistas y cámaras ocultas. Tiene una lógica económica y política. Una lógica que vicia a capas de la administración, de la profesión médica y a parte de la justicia y la policía. Y, por supuesto, la prensa.
1. La ley
España considera delito abortar. Lo pone en el Código Penal. Ahora bien, a partir de cierto momento (la ley de 1985) este delito se despenalizó en ciertos casos: malformación del feto (hasta las 22 semanas), violación (hasta las 12 semanas) o riesgo psíquico o físico para la madre (sin límite, cualquier momento hasta justo antes de parir).
Esta ley, aplicada estrictamente, significaría que el 90% de abortos en España, o más, no se realizarían. Según una sentencia del Tribunal Constitucional (53/1985, de 11 de abril), el riesgo para la salud de la madre tiene que ser tan grave que corra en peligro su vida (no una angustia o depresión), y que sólo interrumpiendo el embarazo se salve la vida de esta mujer. Un ejemplo de sentencias que desarrollan esto puede leerse en
http://www.aeds.org/jurisprudencia/470-98.htm .
Así se aplicaba la ley en Portugal (con una ley idéntica a la española hasta hace unos meses), y por eso apenas había abortos allí; las portuguesas abortaban en España donde la ley existe pero no se aplica.
2. Los (inexistentes) reglamentos
Hay una ley y una jurisprudencia. Pero no hay reglamentos. Apenas hay alguno en Cataluña y en Andalucía y quizá en otras comunidades. El de Cataluña, de diciembre de 1986, no reglamenta nada ni sobre qué hacer con los fetos, ni cómo acreditar el "grave riesgo", ni qué métodos usar para el aborto, ni cómo tratar los restos biológicos... sólo dice que cada semana se lleve un sobre con los formularios de alta de las pacientes, formularios que cada clínica rellena como quiere sin control alguno.
A este paripé el Ministro de Salud socialista y defensor de investigar con embriones humanos, Bernat Soria, le llamaba hoy en el diario Público un "control estricto".
Según esos "estrictos" formularios, en 2005 sólo 1 francesa y 15 italianas abortaron en Cataluña con más de 22 semanas. Las otras 1.029 madres extranjeras que abortaron en Cataluña -debemos creer, nos dicen que hemos de creer- hicieron un largo viaje para abortos de menos de 22 semanas. Incluyendo 701 francesas. Evidentemente, son cifras oficiales pero falsas, porque los formularios están falseados en origen: en las clínicas abortistas.
Si una autonomía realmente defensora de la ley se pone seria y (jurisprudencia en mano) elabora unos reglamentos que pidan que de verdad se demuestre médicamente que sólo abortando se salva la vida de la madre, verá como en su territorio apenas habrá unas decenas de abortos anuales: niños con síndrome de down, enanismo u otras enfermedades. Y quizá alguna violación, muy de vez en cuando.
3- Los hospitales y la "objeción" de los médicos
En España apenas un 3% de las interrupciones del embarazo son en los hospitales públicos. Durante años se nos ha dicho: "es que los médicos son anti-aborto, no quieren hacer abortos, presentan objeción de conciencia".
Según eso, hay miles y miles de ginecólogos en España con una valiente y declarada postura pro-vida, de convicciones éticas fortísimas. Los hay, sin duda, pero no tantos y no es por su firmeza que los hospitales no abortan.
Los hospitales sólo abortan un 3% de los casos (recordemos: es gratis para la mujer, y sin embargo no van al hospital) porque sólo pueden cubrirse legalmente las espaldas en ese 3% de casos. El resto de los casos saben que son -jurisprudencia en mano- ilegales.
Por eso, todos los casos que luego se convierten en "riesgo psíquico" son derivados a las clínicas.
Más aún: es evidente y bien sabido que hay instrucciones no escritas pero claras en los departamentos de ginecología de los hospitales públicos que dicen: "si no es violación, malformación o peligro de muerte clarísimo, enviad a esa mujer a las clínicas".
Por eso, incluso la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (UB) Mirentxu Corcoy, que es favorable a ampliar el aborto, al presentar estos días un informe sobre objeción de conciencia ha dicho claramente que la práctica abortista en las clínicas privadas roza el «límite de la legalidad» al «llamar enfermedad psíquica al agobio», según Corcoy. «No existe en modo alguno tal dolencia», sentenció con gran rotundidad.
4 - La administración pasa embarazadas ..¡y dinero! a clínicas como las de Morín
El negocio de las clínicas abortistas (el 97% de los abortos) es recibir a las chicas reenviadas desde los hospitales (además de las extranjeras: el Telegraph destapó el caso Ginemedex porque la agencia BPAS, con dinero público, enviaba a las inglesas a abortar a Barcelona).
Además, las administraciones dan dinero a las clínicas privadas para que hagan esos abortos. En Cataluña en concreto la Generalitat financia al negocio del aborto en clínicas (es decir, del aborto "sospechoso de ilegalidad", el del "riesgo psíquico" nunca demostrado) a través de un ente llamado "Salut i Familia").
Se da dinero a estas entidades, se les envía chicas para abortos de legalidad dudosa y se les financia sin controles: sólo basta con dar una lista de chicas dadas de alta.
Un ejemplo descarado: la web sobre sexo para jóvenes de la Generalitat. Habla AQUÍ sobre los abortos. "¿Cuesta dinero interrumpir un embarazo no deseado?", dice la pregunta. Y la respuesta es así:
"Depende del supuesto legal en que te encuentres".
¿Cómo? ¿En un supuesto cuesta dinero y en otro no? ¿Eso dice la ley? No, claro. Pero esa es la realidad... porque el supuesto "legal" que cuesta dinero en realidad cuesta dinero porque es "ilegal". Y la Generalitat, desde su web oficial de Gencat, sigue explicando:
"Los hospitales públicos los hacen gratuitamente en casos de malformación del feto, problemas importantes de salud de la madre o en casos de violación".
Es decir. En los casos legales, puedes ir al hospital y es gratis. Sigue la Generalitat:
"Los otros centros acreditados son privados y habrás de pagar la interrupción. En caso de que no puedas pagarla, consulta con tu centro de atención primaria de referencia, para que te informen de alguna asociación que te pueda tramitar la financiación".
¿Quién iría a un centro privado pagando...¡e incluso pidiendo ayudas extraordinarias!... si se puede hacer gratis. La respuesta es clara: quien quiera un aborto ilegal. Abortos que la Generalitat ayuda a financiar con dinero de todos. Y quien dice la Generalitat, dice los otros gobierbnos autonómicos.
Otro ejemplo en la misma web, la pregunta F, "dónde se realizan las interrupciones":
"En clínicas acreditadas para la práctica de esta intervención. Los hospitales públicos realizan la interrupción en casos de malformaciones, problemas de salud o violación de la mujer".
Es decir: los hospitales realizan las intervenciones en los casos legales... para los ilegales (el 97%) están las clínicas.
Y la Generalitat da una lista de centros AQUÍ que incluye, por supuesto, a Ginemedex, pese a las denuncias inglesas del 2004 y las danesas del 2006.
5- Preguntas inquietantes en el caso Morín
a) Toda la información que está circulando, la firmeza de la fiscalía, surge a partir de un "testigo protegido". Es decir, la policía protege a alguien porque, al hablar, pone en riesgo su vida. Como la mafia o ETA. ¿Tan potente es la capacidad de castigo de la red tejida en torno a Ginemedex, tan peligrosa y delictiva, como para que el testigo necesite protección? La fiscalía parece haber entendido que sí. Mucho dinero en juego. Y quizá muchas responsabilidades.
b) Es extraño el papel de los Mossos. La fiscalía y el juzgado 33 han recurrido a la Guardia Civil, con apoyo de la policía municipal. El conseller de seguridad, Joan Saura, podría responder a algo que circula en fuentes cercanas a la investigación: ¿fue el testigo protegido a declarar a los Mossos d'Esquadra antes de ir a la Guardia Civil? ¿Y si fue así, qué hicieron los Mossos -y Saura- con esas declaraciones? Una pregunta que quizá se responda en un futuro próximo.
c) ¿Cómo es que Sanitat no investigó más y mejor en sus momentos? En 2004, con la denuncia inglesa, se limitó a un paseo en las instalaciones. En 2006 -nos dicen ahora- a una multa de 3.000 euros a Morín por papeles poco en orden. ¿No eran indicios para investigar más?
d) Morín ha hecho contactos políticos (y médicos) durante años. ¿"Tirará Morín de la manta" en los interrogatorios? ¿Cuántos más nombres -del sector del aborto o de la administración- pueden salir a la luz en esta trama?
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Fuente:
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