Un padre de familia (Emili Avilés) repasa las razones por las que la nueva ley catalana ha puesto en pie de guerra a padres y escuelas.
De todos es conocida la difícil situación del sistema educativo español, que desde muchos medios se denuncia, aunque los poderes públicos sigan, erre que erre, tirando balones fuera.
Pues bien, la Generalitat de Catalunya quiere añadir más afrentas y sinrazones. Y es que la libertad de enseñanza vuelve a ser seriamente amenazada. Se puede ver, negro sobre blanco, en el Anteproyecto de Ley de Educación, presentado por el Departamento de Educación que dirige el Sr. Ernest Maragall (www.gencat.net/educacio/llei_educacio/pdf/Llei_edu_04_08.pdf ).
El caso es que este texto vulnera de manera flagrante los artículos 10 y 27 de la Constitución, y diferentes normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, puesto que:
1) no respeta el ideario o carácter propio de los centros educativos,
2) no permite que los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas,
3) ni tampoco que puedan escoger libremente la escuela para ellos.
También se opone a su artículo 16, que establece que España es un Estado no confesional, pero que ha de tener en cuenta las creencias de la sociedad española, ya que el anteproyecto afirma que la enseñanza ha de ser laica.
Este anteproyecto también contradice al artículo 21 del nuevo Estatut de Catalunya, que habla de garantizar el derecho a la educación mediante un modelo educativo de interés público, y no un “servicio público”.
El anteproyecto utiliza esta última expresión, para englobar no sólo a los colegios públicos, sino también a los concertados, con lo cual muestra a las claras su mentalidad intervencionista.
Pero, y ya es el colmo de la sinrazón, incluso incumple varios artículos de la reciente LOE, ya que impone la escolarización obligatoria a partir de los 3 años, pese a que sólo lo es a partir de los 6 años de edad. Igualmente porque niega la posibilidad de concertar los centros que hayan optado por la educación diferenciada, ya que exige que sean mixtos.
Esto se opone al artículo 116 de dicha Ley, que prevé que los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas y satisfagan necesidades de escolarización, podrán acogerse al régimen de conciertos, sin ninguna distinción ni discriminación, y en su Disposición Adicional Vigésimoquinta de la LOE establece simplemente que "los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto de atención preferente y prioritaria”, de manera que el hecho de que un centro educativo no sea mixto no es en ningún caso motivo para denegar la concesión del concierto correspondiente.
Los educadores son los padres; el Estado sólo ha de ayudar
No les quiero cansar, pero como padre de familia y ciudadano de un país libre, considero que es preciso defenderse, pacífica pero enérgicamente, ante la injusticia y la intolerancia con las que algunos parece que nos quieren “regalar”.
Todo por el simple hecho de verse seguros en el poder político y así pretenden hacer de su capa un sayo. Pero la verdad es que no se respetan a ellos mismos, pues no respetan a muchos ciudadanos que son insistentemente discriminados.
Reivindicar el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, así como la posibilidad de elegir el modelo educativo de escuela diferenciada, con el correspondiente derecho de estos centros educativos a recibir financiación pública mediante el concierto correspondiente, es defender la libertad y la calidad en nuestro sistema educativo. O, lo que es lo mismo, preparar un mejor futuro para nuestros hijos y para la sociedad entera.
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